La protección del territorio de Casares hace muy difícil regular las edificaciones rurales

El Ayuntamiento de Casares realizó alegaciones al anteproyecto del decreto de regulación de edificaciones en suelo no urbanizable, y tiene solicitada una cita con la Secretaria General de Ordenación del Territorio

La clasificación del territorio de Casares, cuyo término municipal, de 16.264 hectáreas, está protegido en un 87% hace muy difícil, o casi imposible, la aplicación del decreto aprobado por la JJAA la pasada semana para regular la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable cuando no estén ubicadas en suelos protegidos o inundables.

El concejal de Urbanismo, Pedro González, ha explicado que el Ayuntamiento de Casares lleva años trabajando en la búsqueda de fórmulas para la regularización de viviendas rurales, razón por la que el pasado mes de julio el Consistorio realizó alegaciones al anteproyecto de este decreto, para que incluyese fórmulas eficaces para municipios rurales como Casares.

Asimismo, al ser el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol el que aumentaba la protección a la mayor parte del término municipal, el Ayuntamiento de Casares planteaba la duda de si las edificaciones construidas antes de 2006, antes de que el POT entrara en vigor, se podría aplicar la prescripción de acciones.

Unas alegaciones que no ha contestado la Junta de Andalucía todavía y por lo que la alcaldesa ha solicitado una cita con la Secretaria General de Ordenación del Territorio.

La preocupación del Consistorio por la regularización de las construcciones rurales ha llevado a Juan Sánchez y Antonia Morera en reunirse en varias ocasiones con responsables de la Consejería de Urbanismo. De hecho se llegó a un acuerdo de colaboración para buscar soluciones a los afectados, y el Ayuntamiento ha realizado un inventario de construcciones en zonas rurales para buscar fórmulas de normalización.

Según dicho inventario, en el término municipal de Casares hay 782 viviendas unifamiliares en situación de irregularidad (además de naves, almacenes, garajes, piscinas y otras instalaciones para animales, que suman un total de 2.646 edificaciones). La intención municipal es legalizar las que sea posible y las otras asimilarlas a fuera de ordenación para que al menos se puedan inscribir en el registro de la propiedad.