Se trata de una ejecución subsidiaria a la que se ve obligado el Consistorio al no haber retirado el propietario la estructura como había dictado una sentencia judicial.
El Ayuntamiento cuenta desde el pasado mes de julio con los permisos necesarios para el desmontaje de la estructura, sin embargo la pospuso hasta después del verano para no importunar a los bañistas.
La concesión de este establecimiento había quedado anulada por el juzgado por encontrarse fuera de espacio municipal tras la modificación del Dominio Público Terrestre.
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