miércoles, 30 de diciembre de 2015

El equipo de gobierno de Casares convocará a todos los partidos de la Corporación a trabajar juntos para optimizar la transparencia en la gestión municipal

La Concejalía de Participación  ha anunciado la convocatoria en febrero de la Mesa de Transparencia para que todos los grupos políticos puedan realizar sus aportaciones a la Ordenanza Reguladora de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización  aprobada de forma inicial en el último pleno

Rocío Ruiz ha explicado que  la Ordenanza Reguladora de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización aprobada de forma inicial en el pasado pleno, es una ordenanza transitoria propuesta por la Federación Andaluza de Municipios, por  lo que se trata de un punto de partida que se irá adaptando  a la realidad y necesidades del Ayuntamiento de Casares.
Además, el equipo de gobierno local tiene la intención de mejorar la transparencia de la gestión municipal, así como  el derecho de participación y acceso a la información de la ciudadanía. Pues como nuestra experiencia municipal  demuestra, explica la responsable de Participación,  la transparencia es un  medio para involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración con lo público.
Para optimizar esta normativa,  el equipo de gobierno va a convocar en el próximo mes de febrero la Mesa de Transparencia, a la que va a invitar a todos los grupos políticos que componen la Corporación municipal para que puedan  realizar las aportaciones que consideren necesarias.
Portal de Transparencia
Por otro lado, desde el Ayuntamiento se trabaja en la puesta en marcha del Portal de Transparencia, una plataforma digital que facilite el acceso a la información a la ciudadanía. Para lo que ya se cuenta con los recursos necesarios dentro del Plan de Concertación.
La aprobación de esta ordenanza dota al Ayuntamiento de un instrumento que regula y facilita el acceso de los ciudadanos a toda la información que genere, de tal forma que podrán conocer  con mayor facilidad información de contratos, subvenciones, convenios, información económica y financiera, datos sobre servicios y procedimientos públicos o información urbanística y medioambiental.
Y, aunque con las limitaciones previstas en la misma normativa, también  prevé que se hagan públicos datos de los cargos públicos,  reconoce como derecho de todo ciudadano el acceso a la información pública y establece la reutilización que las personas pueden hacer de la misma.  

Con su cumplimiento quedan garantizadas las obligaciones que contemplan tanto la propia Constitución y la Ley de Bases de Régimen Local tras su reforma, como la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

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