Antonia
Morera reprocha a Margarita del Cid que quiera escudarse en un informe que hace
referencia al procedimiento de aprobación de los estatutos para dejar sin
representación a municipios como Casares, Ojen o Istan
La alcaldesa
de Casares, Antonia Morera, considera que
los argumentos expuestos por la presidente de Mancomunidad ayer respecto al
informe de la Junta de Andalucía que avalaba el proceso seguido para el cambio
estatutario quieren esconder más importante, que es que el equipo de
gobierno del PP quiere aprovechar esta modificación para discriminar a los pueblos que tienen
menos habitantes.
La
alcaldesa de Casares critica que el PP quiere aprovechar la adaptación de sus estatutos a la
Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) para incorporar cambios en la
composición del órgano de gobierno de la Mancomunidad, haciendo diferente el reparto de los miembros que la componen al
pasar del mismo número de delegados por cada municipio a un reparto que atiende
a criterios de población, “una fórmula que discrimina a los pueblos de menor
población y rompe con un principio básico como el de la igualdad y solidaridad”.
Y ha
añadido que el reparto en función del número de habitantes es aún más injusto al
obviar también el criterios de territorialidad, cuando municipios como Casares, Ojén o Istán, son los
que soportan grandes infraestructuras de la Costa del Sol, como es la planta de
Residuos Sólidos de Casares o el pantano de la Concepción, además de albergar
gran parte de los parajes naturales que añaden recursos a esta comarca.
Antonia Morera
explica que el informe de la Junta de Andalucía al que se refiere la presidenta
de Mancomunidad solo hace referencia a si es necesario que los estatutos sean
aprobados en cada uno de los 11 pueblos que conforman la Mancomunidad o si es esta la que debe aprobarlo en
exclusiva. Y en este caso, el informe de
la JJAA solo se refiere a que la Mancomunidad es competente por si sola para
aprobar la adaptación a la LAULA, a lo que el equipo de
gobierno de Casares no se opone.
Sin embargo, si existe discrepancia, “y eso es lo que denunciamos”,
continua la alcaldesa, “en que el gobierno actual de Mancomunidad
quiere utilizar la adaptación de los
estatutos a la LAULA para cambiar las
reglas del juego, y en eso el secretario de la Mancomunidad está de acuerdo con
nosotros, cuando dice que es necesaria la
ratificación de los plenos de los 11 ayuntamientos mancomunados, que fuimos los
que acordamos agruparnos con la misma representación por cada municipio cuando
se constituyó el ente”.
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